El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado en una nota de prensa que somete a consulta pública dos nuevos Reales Decretos para avanzar en la protección animal. Uno de ellos es el desarrollo reglamentario de la polémica Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde marzo del año pasado. Sin embargo, a pesar de que se asegura que los ciudadanos pueden presentar alegaciones, la realidad es bien distinta: el texto al que supuestamente se debería poder acceder desde hoy 24 de junio… no está disponible por ningún lado.
Mientras que el Real Decreto sobre la identificación de animales de compañía sí puede consultarse a través del portal del Ministerio, el borrador reglamentario que afecta directamente al contenido de la controvertida ley animalista sigue siendo imposible de encontrar. Ni en la nota de prensa ni en el portal de participación pública del ministerio figura el enlace para poder revisarlo, lo que deja en papel mojado la supuesta transparencia del proceso.
Un anuncio que no se puede consultar
Según la nota oficial, el Real Decreto que desarrollará la Ley 7/2023 regulará nada menos que 25 artículos de dicha norma. Entre los aspectos que se anuncian destaca la restricción de la cría irregular de perros y gatos, permitiéndola solo a animales registrados expresamente como ‘reproductores’. También se recuerda la obligatoriedad de que los nuevos propietarios de perros realicen un curso de formación y que todos los titulares deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros.
«Se certifica que las personas que sean titulares de un perro deban asegurar su bienestar con un seguro de responsabilidad civil que incluya daños a terceros», reza la nota publicada en la web del Ministerio. Además, «se plantea ofrecer cursos de formación, gratuitos y de validez indefinida, para aquellas personas que opten a ser nuevos titulares de un perro de compañía», especifica.
El comunicado también asegura que los borradores ya han sido trabajados con comunidades autónomas, asociaciones animalistas, veterinarios y criadores. Y añade que ahora, con la exposición pública, «todas aquellas personas interesadas, incluyendo organizaciones e instituciones, pueden presentar sus aportes y observaciones durante las próximas dos semanas antes de que ambas normativas sean finalmente aprobadas».
Opacidad en una norma polémica y fanática
Sin embargo, la realidad es que esta participación ciudadana no es posible: el documento al que hacen referencia no aparece en ningún lado. Ni en el apartado de participación ciudadana del Ministerio, ni en el área de notas de prensa, ni en la sección de búsquedas. Una situación que evidencia la opacidad con la que se pretende aprobar una normativa que ha generado un gran rechazo entre amplios sectores sociales, especialmente del ámbito rural.
La ley animalista ya provocó un auténtico terremoto cuando fue aprobada en 2023. Desde Jara y Sedal hemos recogido durante los últimos años numerosas críticas a sus aspectos más controvertidos: la equiparación entre animales de compañía y fauna silvestre, la obligatoriedad del curso para propietarios, el seguro impuesto para tener un perro o la obligatoriedad de tener que registrarse como criador si quieres criar de tus canes. La imposición de criterios urbanitas sobre el mundo rural fue una de las principales críticas vertidas entonces… y la forma en que ahora se pretende regular esta ley no hace sino reavivar esa fractura.
Que el Gobierno anuncie una consulta pública sin ofrecer el documento que debe ser consultado no solo es una contradicción. Es una muestra más del modo en que se están tramitando estas reformas de impacto social, dejando fuera del proceso a quienes más se ven afectados por ellas. La participación ciudadana no puede ser un simple titular: debe ser un compromiso real. La única esperanza que queda al sector cinegético es que los perros de caza fueron finalmente excluidos de estas normativa que, no obstante, afecta a miles de personas en nuestro país.
