Apenas ha pasado un año desde la última convocatoria y el Gobierno ya ha vuelto a abrir el grifo del dinero público para seguir financiando a las entidades animalistas. Este martes, 20 de mayo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó en el BOE el extracto de la resolución por la que se convocan las subvenciones de 2025 destinadas a asociaciones de protección animal. En total, casi dos millones de euros que se repartirán entre colectivos que cumplan unos requisitos mínimos y que, un año más, podrán beneficiarse de estas ayudas con suma facilidad.
En concreto, la cuantía asciende a 1.995.880,02 euros, divididos en dos líneas de ayuda: una primera, dotada con 1,2 millones, está orientada a las colonias felinas; la segunda, con casi 800.000 euros, se destina a animales abandonados. Esta convocatoria, casi calcada a las de años anteriores, vuelve a poner sobre la mesa la escasa fiscalización de estos fondos y los reiterados avisos de expertos sobre el impacto de las colonias de gatos callejeros en la biodiversidad.
Un patrón que se repite cada año
No es la primera vez que el Ejecutivo canaliza cantidades millonarias hacia este tipo de entidades. Ya lo hizo en 2023, con una partida de 1.990.068,81 euros, y repitió en 2024, con otros 1.968.611,20 euros. En total, cerca de seis millones de euros en apenas tres años con destino a asociaciones cuya fiscalización sigue siendo motivo de controversia.
Las bases reguladoras de esta convocatoria se recogen en la Orden DSA/1045/2021, en la que se establece que podrán ser beneficiarias las «asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones legalmente constituidas no pertenecientes al sector público, de nacionalidad española y con residencia fiscal en España, cuyos estatutos establezcan como fin principal, la protección y defensa de los animales».
Dinero público con mínimos controles
Esto significa que, en la práctica, cualquier persona que decida constituir una asociación animalista —un trámite que en España apenas cuesta 12 euros y una mañana de gestiones— podrá optar a estas subvenciones. Esto ha creado un efecto llamada: decenas de colectivos se presentan a estas ayudas con proyectos genéricos sobre gatos callejeros, aprovechando la protección que les otorga la ley.
No es casual. El propio artículo 39.2 de la Ley de Bienestar Animal señala: «La Administración General del Estado establecerá líneas de subvención en favor de las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las colonias felinas». Esto, unido a la permisividad legal, ha convertido a los gatos callejeros en el gran amparo del entramado subvencionado del animalismo institucional.
Subvenciones con escasa transparencia
Según el texto publicado, cada entidad podrá recibir un máximo de 10.000 euros, que se asignarán proporcionalmente a la puntuación obtenida en la fase de valoración. Entre los gastos subvencionables figuran identificación, vacunación, desparasitación y tratamientos veterinarios, sin que se detallen mecanismos estrictos de control posteriores.
Así, y como viene ocurriendo en los últimos años, el dinero de todos los ciudadanos volverá a repartirse entre entidades privadas, muchas de ellas sin experiencia contrastada ni auditorías públicas visibles. Mientras tanto, las alertas por los efectos negativos de estas colonias en la fauna silvestre y los ecosistemas siguen sin ser atendidas por la Administración.
