El número de cazadores en España se sitúa en 577.742, según el último estudio presentado por la Fundación Artemisan sobre el impacto económico, social y medioambiental de la actividad cinegética en nuestro país. El informe, dado a conocer recientemente en Madrid, recoge datos oficiales a 31 de diciembre de 2023 e incluye tanto licencias autonómicas como interautonómicas, arrojando una radiografía precisa de la distribución geográfica de los aficionados y del peso de la caza como motor territorial.
Con un total de 891.889 licencias autonómicas vigentes y 17.624 interautonómicas, los datos confirman no solo la extensión de esta práctica, sino también su dinamismo: más de la mitad de los cazadores españoles —un 53,2%— dispone de más de una licencia, ya sea por cazar en varias comunidades o por contar con la interautonómica, suscrita por ocho autonomías.
Andalucía, Castilla y León y Cataluña, a la cabeza
Andalucía se erige como la comunidad autónoma con más cazadores: 151.387 licencias vigentes, lo que representa un 26,2% del total nacional. La sigue Castilla y León, con 76.170 licencias (13,2%), y en tercer lugar Cataluña, con 54.218 (9,4%). En cambio, comunidades como Canarias, Baleares o La Rioja muestran cifras notablemente inferiores, como es lógico por su superficie y población menor, con apenas entre 4.000 y 13.000 licencias.
No obstante, el estudio va más allá del simple recuento de licencias y analiza los flujos de cazadores entre comunidades. Y ahí, Castilla-La Mancha destaca como la región que más cazadores atrajo del resto de España durante 2023. Así lo atestiguan porcentajes como el 66% de los baleares que se han desplazado, el 84% de los gallegos que han acudido en alguna ocasión a sus cotos o el 65,22% de los asturianos. Castilla y León y Andalucía también aparecen con frecuencia como destinos cinegéticos para residentes de otras autonomías, aunque en menor proporción.
Los cazadores viajan habitualmente entre comunidades
Los desplazamientos por motivos cinegéticos son una realidad habitual. El informe recoge que casi un 47% de los cazadores únicamente posee una licencia, pero el restante 53,2% acumula dos o tres, lo que revela un alto grado de movilidad. La licencia interautonómica —en vigor en Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia— se plantea como una vía para simplificar trámites y favorecer la cohesión del sector.
Al analizar la comunidad autónoma de residencia frente a la comunidad donde realmente se caza, se observa que muchos cazadores optan por trasladarse a regiones vecinas más favorables en términos de fauna, disponibilidad de cotos o tradición. Cantabria, por ejemplo, registra que casi el 82% de sus cazadores caza dentro de la comunidad, mientras que en Navarra el porcentaje cae hasta el 65,6%, siendo Castilla-La Mancha y Castilla y León sus principales destinos.
La caza como motor económico y ambiental
El estudio también dedica un apartado al impacto de la caza más allá de lo meramente recreativo. En términos económicos, la actividad cinegética genera en España 10.190 millones de euros del PIB y mantiene 199.000 puestos de trabajo, de los cuales 45.642 son empleos directos. A ello se suma una recaudación fiscal estimada en 1.200 millones de euros.
Desde el punto de vista medioambiental, el 85% del territorio español —unos 43 millones de hectáreas— está declarado como coto de caza. Además, las federaciones y asociaciones invierten anualmente 289 millones de euros en medidas de gestión y conservación, y otros 31 millones en programas de restauración. Más de un 62% de los cotos declara contar con especies protegidas en sus terrenos, reflejo del equilibrio entre aprovechamiento y sostenibilidad.
En el ámbito social, la caza juega un papel determinante en la España rural: el 80% de los empleos directos generados se localizan en estas zonas y un 32,6% de los cazadores vive en municipios con menos de 5.000 habitantes. Para muchos, la caza es no solo una afición, sino un eje vertebrador del territorio.
