Una mujer de Roquetas de Mar (Almería) ha sido condenada a ingresar en prisión tras comprobarse que continuaba entregando animales enfermos a través de una supuesta protectora, pese a tener prohibido judicialmente cualquier relación con animales. El juzgado ha adoptado esta medida al considerar que la mujer desobedecía de forma sistemática las órdenes impuestas, y que actuaba con absoluto desprecio por las normas.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas ha ordenado su ingreso en prisión provincial, comunicada y sin fianza, por delitos continuados de maltrato animal, estafa y falsedad documental. La investigada, que ya fue detenida en enero de este año, tenía prohibido desde entonces realizar cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría o comercio de animales. Sin embargo, el pasado 16 de junio volvió a ser arrestada por incumplir esta medida cautelar.
Las pesquisas han revelado que la mujer no sólo siguió operando pese a la prohibición, sino que intentó camuflar sus acciones bajo nuevas identidades y falsas asociaciones protectoras anunciadas en redes sociales. Cambió su nombre y adaptó sus perfiles, pero su objetivo seguía siendo el mismo: lucrarse a costa del sufrimiento animal y de la buena fe de personas que pensaban estar adoptando.
Animales enfermos y fallecidos
Los informes judiciales reflejan una realidad estremecedora. La mujer mantenía a los animales en un piso en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, donde algunos sufrían enfermedades graves como el parvovirus. Estas enfermedades se veían agravadas por la falta de atención y el estrés del entorno insalubre.
Tal era la precariedad de los cuidados que, según consta en el auto y tal y como cita el medio Animal’s Health, al menos nueve animales fallecieron poco después de ser entregados a sus nuevos propietarios. Estas personas, engañadas por la apariencia de legalidad de la supuesta protectora, llegaron incluso a recorrer cientos de kilómetros para recoger a los animales. En todos los casos, confiaron en que el dinero aportado se destinaba a tratamientos veterinarios, cuando en realidad todo formaba parte de un montaje fraudulento.
Desprecio a la justicia
El juez no ha sido indulgente en su análisis. En el auto, señala que la investigada ha demostrado «una absoluta impudicia y un descaro relativo al cumplimiento de las normas y de los mandatos judiciales». Añade que su conducta no puede reconducirse mediante advertencias o medidas moderadas, y que únicamente el uso de medidas coercitivas más duras puede frenar sus actos.
Además, subraya que «le ha resultado completamente indiferente haber estado detenida, que se le esté investigando en un proceso judicial y que se le haya prohibido realizar actividades con animales». Incluso llegó a utilizar el nombre de otra persona para continuar con sus entregas ilegales, lo que para el juzgado demuestra que las resoluciones judiciales eran, para ella, meras formalidades vacías de contenido.
El precio de una falsa apariencia
La investigada lograba ganarse la confianza de decenas de personas al presentarse como alguien preocupada por el bienestar animal. Sin embargo, según el juez, su única motivación era el lucro. Engañaba a los adoptantes con imágenes emotivas y mensajes solidarios, pero tras la fachada de protectora se escondía una red de maltrato y estafa con consecuencias fatales para los animales.
Ahora, el ingreso en prisión se presenta como una medida necesaria y proporcional, dado que la mujer ha demostrado no tener intención de acatar las decisiones judiciales.
